¿Constitución o pseudoenciclopedia?

Agustín Saavedra Weise

28-07-2006

Estamos ‘ad portas’ del inicio de la Asamblea Constituyente. Como no se realizó una Preconstituyente que hubiera allanado las cosas, ahora resulta que todo se encuentra en trámite y con una frondosidad de temas que verdaderamente asombra. En lugar de ‘acotar’ –como dicen los matemáticos– la temática esencial, se le han ido agregando asuntos y más asuntos. Hasta la posibilidad de firmar (o no) un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) dicen que será trasladada a la Constituyente. Así, sucesivamente, se han ido incorporando diversas ‘iniciativas’ y la lista puede seguir agrandándose... En Bolivia, las constituciones han tenido la tendencia a ser largas y sobreexplicativas. Es por eso que tal vez hubo tantas a lo largo del tiempo (17, casi una por cada diez años de independencia como promedio). En los países donde las constituciones han sido breves, como corresponde a una ‘ley de leyes’, han durado más. En algunos casos, solamente han ido sufriendo cambios y adaptaciones mediante enmiendas. Tal fue el caso de la Constitución de Estados Unidos, claro paradigma en este campo. En Latinoamérica, una Constitución que perduró por mucho tiempo fue la argentina de 1853, a la que se le hicieron algunas enmiendas en 1949 y en 1957. Luego se promulgó una nueva en 1994, que aún es objeto de discusión, sobre todo por la ‘añoranza’ de la que sobrevivió a lo largo de muchos cambios. Y no es para extrañarse, ya que la Constitución argentina de 1853 también era breve; dejaba a las leyes que reglamentan su ejercicio la ampliación de temas vinculados con materias específicas. Por eso perduró más de un siglo, superando el ‘standard’ latinoamericano en la materia. Aquí no se puede inventar la pólvora. Todo cuerpo constitucional debe contener una parte (llamada ‘dogmática’) de deberes, derechos y garantías tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto, como también definiciones elementales acerca del régimen político (unitario, federal, multiétnico, pluricultural, etc.). En segundo lugar existe la parte orgánica, que estipula el funcionamiento de los órganos del Estado, la división de poderes, las atribuciones y las responsabilidades de los gobernantes. Es el punto aquél en el que se pone “en blanco y negro” aquella vieja definición del Estado como la nación jurídicamente organizada. El Estado se ‘organiza’ en función de su Constitución y ésta es ‘política’ por emerger del pueblo, de una voluntad política que prevalece sobre el derecho, pudiendo esta voluntad crear, modificar y/o extinguir lo jurídico. Otra tendencia en Bolivia ha sido encasillar diversos regímenes ‘especiales’ en el marco constitucional y con explicación detallada de los mismos, explicación que tal vez facilite procesos, pero que también crea una rigidez que le quita flexibilidad a la Carta Magna, obligando a hacer periódicas reformas constitucionales. Los estados cambian, las circunstancias se modifican, el mundo se ajusta a nuevos procesos, pero como en el ínterin los países –por lo menos mayoritariamente sucede– permanecen, éstos deben ir adaptando su organización, pero a su vez dejando sanos huecos que se irán rellenando a medida que pasa el tiempo. De lo contrario, hay que modificar todo cada tanto, como ya dije, creando así una innegable situación de inestabilidad jurídica a lo largo del tiempo. Es necesario que la Constitución para el tercer milenio sea una ley marco flexible y adaptativa, no una pseudoenciclopedia larga, detallada y potencialmente confusa. Desafortunadamente, y en mi modesta opinión, todo señala que Bolivia seguirá el segundo camino.

Dr. Agustín Saavedra Weise © Derechos Reservados 2005
Santa Cruz - Bolivia