El poder infraestructural revisitado

Agustín Saavedra Weise

14-10-2005

Hace más de tres años, el 14 de agosto de 2002, publiqué una nota referida a lo indefensa que se encuentra la ciudadanía frente al poder infraestructural. Viendo que las cosas en ese campo siguen en Bolivia igual o peor y casi a fines de 2005, creo que vale la pena refrescar el concepto.
La teoría política del poder ha sido y sigue siendo muy fértil, pero en esta ocasión interesa destacar solamente un elemento vital pero muy simple: el poder de “infraestructura” que ejerce el Gobierno (nacional, regional o local) sobre los ciudadanos de una determinada comunidad. Este poder de infraestructura lo sentimos a través de la capacidad (o incapacidad) que tiene un Estado organizado para proveer servicios de naturaleza pública, tales como luz, alcantarillado, limpieza, educación, seguridad, satisfacción de necesidades básicas, etc. Y aquí es donde entramos en graves problemas, ya que un estado nacional casi fallido apenas puede cubrir estas necesidades tan importantes y cuando las delega a terceros, tampoco las controla debidamente. Resultado: la absoluta indefensión de bolivianos y bolivianas para llevar una vida normal frente al tremendo peso de un poder infraestructural mal manejado y en algunos casos, hasta inexistente.
Desde el momento en que esta parte elemental del poder –el control sobre la infraestructura– falla, un Estado es puesto en cuestión. Ya no se trata de la “legitimidad” del poder expresada ésta mediante instituciones representativas u otro tipo de estamentos establecidos por ley. Aquí se trata del poder efectivo –en contra del pueblo por ser mal prestado– que un Estado ineficiente aplica sobre sus ciudadanos y ello puede provocar (de hecho así ha sucedido, sucede y puede suceder) rebeldías, tumultos e insurrecciones. Basta ver las actuales colas para comprar una garrafa de gas en un país que cacarea de tener reservas como para abastecer a toda la galaxia pero es incapaz de darle ese vital fluido a su propio pueblo, para percibir la inmensa y dramática falla de un poder infraestructural que castiga al ciudadano con su perenne ineficacia. Los recurrentes –nunca anunciados previamente– cortes de luz, son otra demostración palpable de los perjuicios al pueblo y de la indefensión general que sufrimos frente a deficiencias netas del poder infraestructural.
Es la hora de un nuevo gobierno a partir de enero de 2006 y con ello se reanima, una vez más, la esperanza de un pueblo boliviano ya curtido por tantas desilusiones. Ojalá los flamantes gobernantes entiendan la verdadera naturaleza del poder y lo orienten en forma efectiva. Tanto las reglas del juego (régimen) como el Gobierno en sí y hasta el propio Estado, pueden ser sometidos a serios desafíos de sobrevivencia cuando no son capaces de proveer los bienes y servicios generales que la comunidad precisa. Vale la pena, entonces, que los políticos actualmente en campaña tomen nota del poder de la infraestructura y de la mejor manera de optimizarlo, para que en el futuro próximo cumpla con su papel brindándole satisfacción a la población y ya no tormentos.
La realidad de un poder estatal cuasi totalitario en el campo de la infraestructura –de profundas consecuencias positivas o negativas para el pueblo en su conjunto– es altamente reveladora, aunque pocas veces mencionada o comentada. Es por eso que aquí va mi segunda opinión sobre el tema.

Dr. Agustín Saavedra Weise © Derechos Reservados 2005
Santa Cruz - Bolivia