Indignidad en trámites de la Renta Dignidad

           Con la clásica pomposidad de los documentos gubernamentales se presenta en su página Web la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, empresa estatal bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Un Decreto Supremo de 2017 le confirió la administración de los servicios de la Renta Dignidad, pago mensual a personas de la tercera edad sin cargo público. Esto se inició con el ya lejano BonoSol, creado durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. La gestora está controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, entidad que -al menos por lo visto en materia de atención al público- ni fiscaliza ni controla.

           He venido cobrando la Renta Dignidad en forma regular por varios años. Al respecto, no tengo ninguna queja, salvo tal vez el mejorar los aparatos sensores de huellas digitales que no son de buena calidad, máxime considerando que los dactilares de las personas mayores se van deteriorando con el tiempo. Pero por suerte, luego de varias intentonas fallidas, aparece la cámara de fotos y con eso se arregla el tema.

           Nada que objetar tampoco en lo que hace a la gestión inicial, que en su época fue realizada para el suscrito con eficiencia por medio de un ente privado: La Vitalicia. Al llevar el trámite al Estado, presumo que comenzó la indignidad con la Renta Dignidad en Santa Cruz de la Sierra. Cualquiera que pase por las cercanías del Segundo Anillo y Parque Urbano verá una tremenda aglomeración de ancianos haciendo colas inmisericordes, con lluvia, frío o calor y sin distanciamiento social, con el consiguiente riesgo de contraer Covid-19. Son agotadoras horas las que hay que estar allí para ser atendido, contrariando claramente disposiciones de la Ley 369 del Adulto Mayor. Me han comentado que en el resto del país el drama es similar.

           Al trabajar durante dos meses como servidor público, mi Renta Dignidad quedó temporariamente suspendida. He querido avisar que ya no estoy más en el sector público y solicitar volver a recibir este beneficio, pero francamente no sé qué hacer ahora. Formar largas colas a mi edad, con una fractura en el pie y la posibilidad de contagio del Coronavirus por la congestión humana, no puedo ni debo hacerlo; además no lo soportaría. Contratar un “colero” no me parece ético. En fin, decidí que por teléfono o por e-mail podría tal vez solucionar el tema sencillo de avisar que nuevamente soy “apto” para recibir el bono o, por lo menos, recibir una orientación. No pasó nada. He llamado infructuosamente al 800-10-1610 de servicio al cliente de la Renta Dignidad y al celular 71659935, números que figuran en el sitio web. Nunca responden.

           Nadie atiende teléfonos en la gestora, nadie da explicaciones, nada de nada. Esto es un ultraje y una burla, tanto a la ya citada Ley del Adulto Mayor como a la dignidad de las personas de tercera edad; va en contra hasta del sano propósito que hizo realidad el beneficio de la Renta Dignidad. Ante la falta absoluta de atención telefónica, el sufrido anciano de turno debe ir forzadamente a las oficinas y enfrentar allí una cola interminable, otro desprecio hacia la gente mayor, que merece ser tratada de manera más cordial y eficiente.

           Todo lo que pretendo es avisar que ya no soy funcionario público para renovar el servicio mensual de ese bono, pero está visto que hasta cuestiones de poca monta son cuesta arriba en nuestro país debido a la burocracia insensible y al lamentable desprecio del Estado hacia seres de la tercera edad, quienes más bien deberían tener servicio preferente, según lo establece la Ley. Y ni hablar de la tal autoridad de fiscalización, que duerme plácida. Estamos embromados los viejos con este tema ¡Qué desgracia!

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Publicado en Fecha: 10 de enero del 2021
Escrito por:
Agustín Saavedra Weise
Ex canciller, economista y politólogo

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