Silencio cómplice del sistema interamericano

Farid Kahhat, internacionalista peruano, publicó el 12 de diciembre un interesante comentario (“De tribunales y constituciones en Bolivia y Honduras”) en la revista América Economía. Considera que esas dos naciones proveen ejemplos del peligro para la democracia de tribunales complacientes con el mandante de turno. En Tegucigalpa, la Corte votó en contra del intento reeleccionista de Zelaya en 2009, al impulso del entonces senador Juan Orlando Fernández, hoy presidente hondureño reelecto en comicios discutidos. Pudo ser nuevamente candidato, respaldado por otro criterio de la misma Corte. Esta dio una voltereta y le allanó el camino ¡Increíble pero cierto!

Kahhat menciona la tercera reelección de Evo Morales en 2014 (posibi-litada con el pretexto del nuevo “Estado Plurinacional”) y la inesperada derrota del 21 de febrero de 2016 en un referendo promovido por el ofi-cialismo para facilitar su cuarta reelección. Ese afán reeleccionista finalmente obtiene una peculiar interpretación del sumiso Tribunal Constitucional: por “derecho humano” acepta la reelección indefinida de Morales, basándose en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. El dictamen es “válido” para cualquier candidato.

Como bien señala Farid, si poner límites a la reelección contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y ésta tiene prioridad sobre cualquier norma nacional, entonces los países parte la estarían infringiendo, por “restringir” el presunto derecho de ejercer cargos electivos sin límite de tiempo. Concluye su nota expresando: “la reelección indefinida sería así un derecho consagrado por un tratado internacional. Salvo, claro, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos opine lo contrario”.

Esa última parte, “salvo, claro, que la Corte Interamericana de DDHH opine lo contrario”, es clave. La Corte sí debería manifestarse; ya debió hacerlo hace años. Su silencio ha sido implícito cómplice e inaudito fogonero de piruetas pseudo legales que han permitido reelecciones no previstas en las normas constitucionales. La cosa tiene que acabarse ¡ya! Urge que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de DDHH terminen con esta anomalía y aclaren urbi et orbe los verdaderos alcances del Art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Ese tratado hemisférico fue aprobado para preservar derechos humanos y fortalecer a la democracia, no para violarla o debilitarla con argucias diversas.

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Publicado en Fecha: 18 de febrero del 2018
Escrito por:
Agustín Saavedra Weise
Ex canciller, economista y politólogo

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