Acerca del Pacto de San José de Costa Rica

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica -por haberse firmado (1969) en la capital de ese país centroamericano- es uno de los principales documentos continentales acerca del respeto hacia personas e instituciones. Este acuerdo, ratificado por Bolivia, está plenamente vigente aunque no siempre se lo cumple ni aquí ni en el exterior. Específicamente, me refiero al Artículo 14 (Derecho de Rectificación o Respuesta) que expresa: “

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

En lo que hace al numeral uno, por lo general el agraviado de turno tiene que sacar una Solicitada pagada de su propio bolsillo para publicar todos sus descargos. El medio hará sólo una escueta presentación de lo mínimo necesario para “zafar” del asunto y listo. Esa es la realidad, aunque recuerdo que sobre esto hace muchos años se dictó un Decreto normativo, el que no sé si sigue vigente, fue abrogado o simplemente quedó en el olvido.

El punto 2 es de lógica: ni la respuesta ni la rectificación eximen a nadie de los procesos legales correspondientes. Con respecto al tercer punto, no conozco ningún medio- ni en Bolivia ni en otro país del hemisferio- que tenga visiblemente en su plantilla a una “persona responsable que no esté protegida por inmunidades”. Algunos medios locales tuvieron un “ombudsman”, pero sus acciones fueron sin mayor trascendencia. Tampoco ni los gobiernos ni la opinión pública lo han exigido.

Además y para desgracia del calumniado de turno, la opinión pública cree parcial o totalmente la difamación, en especial si fue presentada con cierta teatralidad. Nada de presunción de inocencia, más bien se da la peculiar e injusta situación de presunción de culpabilidad. Y los acusadores de turno lo saben, por eso aprovechan la situación. El apresuramiento informativo de muchos medios culmina a veces en hechos que confunden a la gente o siembran medias verdades.

Aquí –para evitar esa situación- juega un papel vital la mesura. De ser necesario debe ejercerse auto control hasta que las cosas estén más claras o hasta que se tenga a mano la versión (e información) de la contraparte frente a los “documentos” o “acusaciones” de quien inicia las acciones, se trate de persona y/o ente privado, público, oficialista u opositor.

Pero nada de eso sucede, los hechos nos demuestran que –por la carrera hacia la “primicia”- gran parte de los medios participa indiscriminadamente del festín informativo a costas del acusado del momento. Además, cuando reciben la opinión contraria nunca o muy pocas veces se retractan y cuando así lo hacen, en la mayoría de los casos no reflejan esa actitud con el mismo espacio que el escándalo previo.

La honra ajena no es objeto de caza al por mayor, debe ser siempre respetada para cumplir con el Pacto de Costa Rica, para no hacer quedar mal al medio donde se trabaja y sobre todo, para cumplir éticamente con uno mismo.


Publicado en fecha: 17 de agosto de 2012
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

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