LO LEGAL O LO POLÍTICO, SEGÚN CONVENIENCIA

Desde hace más de 30 años vengo  afirmando que la política crea, modifica o extingue situaciones de derecho. Esa es la realidad, siempre ha sido la realidad. Los actos políticos, en lo interno o en lo externo, tienden a configurar una nueva situación jurídica y anulan la vigente, o  por lo   menos la modifican. Lo ideal es respetar la ley y respetar los acuerdos legales, pero eso no siempre ocurre en la dinámica social de los pueblos en sus vínculos internos y en sus contactos externos. La historia de las relaciones internacionales muestra por un lado un conjunto de relaciones legales que han cimentado poco a poco un frágil y aún precario orden jurídico mundial. Como contrapartida, la sucesión de hechos políticos que por múltiples razones han desconocido acuerdos, tratados o pactos previos, es aún más numerosa, incluyendo desde ya conflictos bélicos o diplomáticos, hechos obviamente políticos.

En el orden interno, uno aspira a consolidar un estado de derecho, pero muchas veces las opciones políticas generan nuevas situaciones. Guste o no, así sucede. El propio presidente Evo Morales afirmó meses atrás que “lo político es lo que vale, por eso yo le meto nomás y luego le pido a mis abogados que legalicen”. En lenguaje sencillo, el mandatario boliviano afirmó algo nada novedoso y que viene desde siglos atrás: la preeminencia de lo político sobre lo legal. Más adelante, el acto político se “legalizará” de una u otra manera al generar un hecho consumado.

En el caso boliviano de la hora, existe cierto sentido del oportunismo. El actual gobierno -cuando le conviene-  fuerza el costado político de la ecuación y cambia lo que le interesa cambiar, pero cuando la cosa es al revés, cuando no le conviene, se aferra al orden legal. Es exactamente lo que sucede en estos momentos con el Referéndum Constitucional del pasado domingo 25 de enero.

Todos nos vimos obligados a votar por un documento manifiestamente ilegal, por un texto constitucional que no aguantaba el más somero análisis de un objetivo tribunal que imparcialmente verifique dicha ilegalidad. Desde la Calancha hasta La Glorieta y pasando por los remiendos congresales, todo estuvo teñido de ilegalidad.  La esencial regla de los dos tercios también estuvo ausente. El texto constitucional fue la expresión palpable de lo político, procurando luego -mediante el sufragio ciudadano- lograr legalidad.
Luego de la votación surge otra figura política real. El voto  ciertamente es de personas y no de  superficie, pero no se puede desconocer  ni el voto urbano ni la realidad de extensas regiones -particularmente Santa Cruz Beni, Pando y Tarija- que manifestaron su posición contraria. El departamento más poblado y más partidario del Gobierno (La Paz) inclinó el fiel de la balanza pero aún así, un 40% aproximadamente dijo no a nivel nacional.

Al ser una Constitución la base de lo que por definición “constituye” un pacto social  para gobernar y ser gobernado, se requiere una aceptación abrumadoramente mayoritaria para que se la pueda ejecutar. Caso contrario, en lugar de ser fuente de estabilidad, pasará a ser fuente de conflictos. Hay un mal punto de partida, un principio de potenciales problemas que irán multiplicándose. Es lo que tenemos hoy. Es por eso que se impone ahora que lo político nuevamente venza a la legalidad formal, pero esta vez en aras de un acuerdo que  concilie puntos de vista y garantice entendimientos constructivos absolutamente mayoritarios, consagrando así la unidad nacional en la diversidad. No hacerlo sería cegarse o encapricharse hoy para lamentarlo mañana. El futuro de Bolivia está en juego.


Publicado en fecha: 30 de enero de 2009
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

 

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