SERVICIOS BÁSICOS Y DERECHO HUMANO

El Estado -en cualquier sociedad civilizada-  tiene la obligación de generar algunos elementos esenciales para la mejor vida de sus habitantes. En este campo, el acceso a los servicios básicos es prioritario. Todo ser humano tiene derecho a disponer de agua potable y de uso corriente, como asimismo sistemas de cloacas, alcantarillados y desagües, agregando higiene, retiro de basuras y limpieza en general.  De la misma forma, el Estado debe ser capaz de proporcionar nutrición adecuada a los niños,  junto con una sana educación en condiciones ambientales adecuadas. A ello agréguese la salud, posibilidades de acceder a una vivienda digna con planes de pago al alcance de cada bolsillo, empleo  e ingresos según capacidades y necesidades, como también súmense luz y comunicaciones más seguridad. Así llegamos a un cuadro, más o menos incompleto, de la plataforma mínima que un Estado eficiente aporta para el desenvolvimiento armónico de la sociedad que rige. Como lo manifesté tiempo atrás, el Estado tiene una suerte de poder infraestructural sobre todos nosotros. Si este poder falla o no es el adecuado, ahí comienzan los problemas. El Estado tiene a su alcance múltiples maneras de lograr la satisfacción de las necesidades globales de la comunidad. Lo puede hacer directamente o a través de concesiones debidamente reguladas.

Ahora bien, una cosa es el derecho humano a la dotación mínima de aspectos como los señalados y otra cosa su uso económico. Ejemplo: una ración de agua en el desierto, si estoy muriendo de sed, es un derecho humano elemental; no se lo puede negar a nadie bajo esas condiciones extremas. Si por otro lado, decido lavar mi auto, el agua que gaste en ese menester obviamente pasará a ser un bien común, algo por lo que tengo que pagar y que estará sujeto a un precio sobre la base de la oferta y la demanda. Ni hablar si uso el agua para otras tareas industriales (papeleras, embotelladoras, curtiembres,). Aquí, también el agua será una mercancía.

Si una vida depende de una llamada telefónica, esa llamada es un derecho humano fundamental. Si decido hablar con un amigo que vive en Kuala Lumpur debo pagar el servicio y éste tendrá un precio, por ser un bien económico, ya no un derecho. De la misma manera, podemos imaginar ejemplos similares para cada uno de los servicios básicos. Por tanto, existe un umbral de necesidad máxima donde el derecho humano sí prevalece, pero en la mayoría de los casos son servicios económicos que se prestan y deben ser reconocidos como tales.

En Bolivia se ha creado un dilema artificial en torno a estos asuntos y se confunde a la población cuando desde el gobierno se afirma que “todos los servicios básicos son un derecho humano”. Muchos creen que -con el “Papá Estado” en todas partes- tendremos agua, luz, teléfonos y otros, si no gratis, poco menos que a precio regalado. Eso, ciertamente no es verdad. Habrá casos especiales de subsidios estatales (cuando así corresponda) para proveer con servicios básicos y precios bajos a zonas deprimidas, pero en la gran mayoría de los casos, tales servicios  deberían ser tratados como una mercancía.

Si no se encuentra un equilibrio adecuado entre derecho y bien económico, el Estado pronto se encontrará incompetente para cubrir mínimamente estas responsabilidades. Si se trata de concesiones a privados, no habrá incentivos en materia de utilidades ni reinversión para garantizar el crecimiento. Ojalá se aclare  pronto en Bolivia el falso dilema entre derecho humano y servicios básicos.


Publicado en fecha:
14 de noviembre de 2008
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

 

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