CUANDO PRESIDENTES Y CANCILLERES HABLAN…

Tres semanas atrás, el presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que las FARC –el grupo armado más activo de América Latina- no son terroristas, sino verdaderos ejércitos que "ocupan espacios terrestres liberados” y debían ser reconocidos por la comunidad internacional. También se refirió en los mismos términos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, otra organización que opera en ese país desde hace cuarenta años, aunque de menor gravitación en acciones y en miembros que las FARC.

Mientras la escalada verbal entre Venezuela y Colombia suma y sigue, el reconocimiento de insurgencia o de beligerancia trae consigo elementos de orden jurídico en el marco del Derecho Internacional Público y sacude al tablero geopolítico regional, ya que elevaría el rango de las FARC y del ELN  a otra dimensión.

El terrorismo se caracteriza por infundir temor y por no discriminar; ese temor y las acciones emergentes se dirigen ante quien sea: gobierno, civiles, militares, mero pueblo, mujeres, niños inocentes, etc. El terrorismo una vez desatado no tiene límites. Una de las formas de ejercer terror es mediante secuestros, algo en lo que las FARC y el ELN han probado –tristemente- ser especialistas, sumando a ello sus actividades criminales (particularmente de la primera) vinculadas con el tráfico de drogas.

El mandatario venezolano pide ahora que estos grupos terroristas sean declarados como parte de una legítima lucha interna y aceptados por la comunidad internacional, quedando, por tanto, sujetos a los reglamentos y convenciones de La Haya, de Ginebra y a otras disposiciones de la sociedad mundial organizada sobre la materia.
Si las FARC  y el ELN quieren que el mundo comience a verlas de otra forma,  primero deben suspender sus actos ilícitos. El ser o no ser  calificadas como terroristas, depende de la conducta de esas agrupaciones y de nadie más. No es por perversidad que se  las tilda de terroristas, es en función de las realidades.

Volviendo al tema de las declaraciones del presidente Chávez, de acuerdo a la jurisprudencia internacional las palabras de presidentes y cancilleres ligan a sus gobiernos. Si en un ejercicio de diplomacia pública Chávez calificó como insurgentes o beligerantes a las FARC y al ELN, dicho status corre, aunque no se haya hecho la declaración formal.

La declaración sobre asuntos internacionales de un jefe de Estado (o de un ministro de Relaciones Exteriores) puede tener fuerza obligatoria. Al respecto, es célebre el fallo de la Corte  Permanente de Justicia Internacional del 5 de abril de 1933 con respecto a la soberanía danesa en Groenlandia, fruto de las expresiones del canciller de Noruega del 22 de julio de 1919, quien dijo que su país “no pondría dificultades para reconocer la soberanía de Dinamarca sobre toda Groenlandia”. Cuando  el gobierno noruego quiso luego hacer lo contrario, sobre todo en la parte oriental de ese territorio, Dinamarca llevó el pleito a La Haya y la Corte emitió su sentencia.

Desde esa  lejana época, presidentes y cancilleres han pasado a tener mucho cuidado con lo que dicen, declaran y escriben. Y para aquellos que no lo saben, es bueno recordar estos hechos, así no “meten la pata”. Las consecuencias de lo dicho por esas autoridades puede llegar a ser irreversible en lo que hace a aspectos internacionales. Habrá que ver qué sucederá al final con lo propuesto por Chávez, más allá de los esfuerzos de su dócil Congreso por poner en blanco y negro sus expresiones acerca del propuesto nuevo status de las FARC y del ELN.


Publicado en fecha: 25 de enero de 2008
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

 

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