PREFECTURAS CASI TOTALMENTE INDEFENSAS

El miércoles 17 de enero en la noche y durante su breve visita a Cochabamba poco antes de partir a la cumbre del MERCOSUR en Río de Janeiro, luego de los luctuosos hechos ocurridos en la “Llajta” y tras haber dado varias explicaciones al respecto, el presidente Evo Morales fue consultado por un periodista sobre las garantías que otorgaría su administración para el retorno del prefecto Manfred Reyes Villa, hasta ese momento todavía ausente de su cargo por la amenaza de los cocaleros que tomaron la capital del valle. El mandatario contestó de inmediato con palabras más o menos así: “El debería garantizarme a mi mientras yo estoy en Cochabamba, él es la primera autoridad del departamento, tiene todo el control”.  La respuesta en sí de S.E. pareció contundente, pero bien se sabe que es de forma y no de fondo. La verdad es que tanto el entonces jaqueado prefecto cochabambino como cualquiera de los prefectos del resto de los departamentos, en la práctica está totalmente indefenso. Y eso el presidente lo sabe muy bien. Veamos.

Si bien los prefectos han sido elegidos por el pueblo y por tanto su legitimidad es indiscutible, están todavía condicionados -de múltiples maneras- por un centralismo de hálito rancio pero que se insiste en sostener con firmeza. Más allá de cuestiones administrativas, el prefecto no tiene garantías de nada ni puede garantizar a nadie. Sin ir muy lejos, no tiene potestades para crear una fuerza de seguridad propia, ya que de inmediato lo acusarían de tener paramilitares o algo por el estilo. La fuerza pública -teóricamente a su servicio por ser “comandante del departamento”- depende de una palabra del ministro o de la ministra de Gobierno de turno para seguirle la corriente o, directamente, negarse a colaborarlo. Ya ha sucedido varias veces. Así sucesivamente, nada protege a los prefectos de la actualidad; no tienen ningún elemento propio que les permita como mínimo garantizar -por si mismos- el orden público en sus respectivas regiones.

En otros países donde la autonomía ha avanzado, los prefectos, presidentes de regiones o gobernadores, tienen su propia fuerza policial, sus propios mecanismos de orden y que funcionan muy bien, siempre en coordinación con la delegación nacional correspondiente en el área policial y militar. Si hay algún disturbio en el ámbito de sus competencias, sea de carácter delincuencial o de carácter político, los gobernadores tienen sus propios recursos para actuar. En Bolivia el prefecto no tiene nada; hasta el simbólico edecán policial que les ponen al lado puede dársele la vuelta frente a una simple orden de su propia superioridad y dejarlo totalmente abandonado e indefenso.

Por tanto y haciendo abstracción de las tristes especificidades de lo recientemente ocurrido en Cochabamba y que ameritan un comentario por separado, es un hecho que los prefectos no pueden garantizar a nadie y ni siquiera están en posibilidades de garantizarse a si mismos. Están, reitero, indefensos y a merced del capricho centralista que podrá darles (o no podrá o no querrá) el apoyo respectivo. Con todo respeto, presidente, no dijo usted la verdad.

Es hora de cambiar urgentemente esto. Los actuales prefectos, futuros gobernadores de una Bolivia casi con certeza autonómica o semi autonómica, deben ir contando con medios propios para su protección personal, para hacer realidad lo dicho por Evo Morales en Cochabamba y proteger a cuanta autoridad nacional los visite, como también, desde ya, para la protección de la ciudadanía,  todo en el marco –ciertamente- de la ley y del estado de derecho.


Publicado en fecha: 26 de enero de 2007
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

 

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