AGUA: ¿DERECHO HUMANO O BIEN COMÚN?

 “El acceso al agua es una necesidad fundamental y por tanto, un derecho humano básico” (Kofi Annan). Desde el 2002 y con el Pacto sobre Derechos Económicos y Culturales, 145 países definieron al agua como un derecho que debería obligar a los gobiernos.

Cuando se calificó al agua como “bien común de la humanidad”, se generó la discusión. ¿El agua debe estar en manos del Estado o en manos privadas? Esto también ha generado otro intenso debate, debate que a mi modo de ver no tiene sentido. El agua es de todos y para todos; se la necesita en una amplia gama que va desde la subsistencia hasta la higiene, la agropecuaria e industrias variadas.
El asunto crucial es el manejo que hace el Estado. Si el Estado es eficiente, probablemente las cosas caminen bien. Si el Estado es ineficiente, los resultados pueden llegar a ser desastrosos.

Al ser el agua un derecho fundamental y un bien común, concepto global y no contradictorio, vemos que el Estado tiene la obligación de proporcionar ese derecho fundamental. Para ello, se necesitan buenas políticas, no necesariamente  que la administración del agua sea estatal o privada. La administración puede ser privada sí, pero tiene que estar regulada y controlada, debido a que satisface necesidades públicas de carácter social.

En aquellos casos en que la dotación de agua es cara o inaccesible, es cuando más falta hace la intervención estatal. Y el Estado, en su intervención, no tiene que llegar a nacionalizar las plantas de agua. Eso ahuyentará potenciales inversionistas y creará con el tiempo mayores dificultades de abastecimiento. Lo que el Estado debe hacer es subsidiar, sí –reitero- subsidiar, y sólo en lo imprescindible para cubrir umbrales mínimos. Si el agua es materia prima de industrias con grandes ingresos -tales como bebidas o papeleras y cristales- no hace falta ningún subsidio, el agua será una mercancía más.

Así como el estado cobra impuestos, también debe subsidiar servicios elementales para generar equilibrios correctores del cuerpo social. Si una vez revisadas las cifras de la empresa privada mediante auditorias operativas precisas, se constata que sus servicios son intrínseca y realmente caros (esto puede deberse a muchas razones generales o específicas de cada lugar), entonces la nacionalización de los servicios del agua, aunque solucione temporalmente las cosas, a la larga será negativa; el Estado en Sudamérica ha probado ser históricamente un pésimo administrador. Lo que corresponderá será un subsidio para que la empresa proveedora de aguas mantenga el servicio a favor de los que menos recursos tienen. Este papel del Estado nunca ha sido debidamente comprendido; es por eso que se manipulan los falsos dilemas entre lo privado y lo público.

El agua barata provoca derroches o su uso oculto para fines comerciales. Esto termina elevando costos e introduciendo ineficacia. Hay que buscar un balance adecuado para el pago del agua: ni precio alto ni tampoco muy bajo.

El tema ha sido políticamente manoseado. Los privatizadores a ultranza se niegan a reconocer al agua como un derecho humano y los estatizadores extremos quieren que este recurso sea íntegramente manejado por el Estado. Un sano equilibrio se impone, para asegurar así la satisfacción de las múltiples necesidades hídricas. Por último, urge prevenir los peligros del agua por excesos o fallas, tales como inundaciones o sequías.
El acceso al agua es un derecho fundamental, el agua es un bien común. El proceso converge a la unidad y no hay por qué crear contradicciones.


Publicado en fecha: 16 de noviembre de 2007
Escrito por: Agustín Saavedra Weise

 

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